RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE DESASTRES NATURALES: ¿Donación o gasto?

Crédito foto: Diario La República edición impresa 21.3.2017

El Perú se encuentra atravesando uno de los momentos más críticos de su historia. En menester contribuir desde cualquier trinchera para que el Estado promueva la ayuda a los damnificados.

Muchas empresas, se encuentran efectuando entregas de bienes a las zonas afectadas. Muchas están pagando por cuenta de ellas servicios, y seguramente otras los realizarán gratuitamente en la etapa de reconstrucción.

Las donaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 inciso x) de la Ley del Impuesto a la Renta, están sujetas al límite del 10% de la renta neta, después del arrastre de pérdidas.

El Tribunal Fiscal, sin embargo, ha establecido en resoluciones como la N° 01424-5-2005, que la causalidad de los gastos de responsabilidad social, se demuestra con la entrega de bienes o pago de servicios por cuenta de los beneficiarios, cuando éstos son identificables, existe prueba documentaria y fehaciente que acredite la transferencia y que la misma responda al cumplimiento de un deber social que repercuta a largo plazo en la concreción o desarrollo de sus actividades empresariales.

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° N° 1752-2004-AA/TC ha establecido que: “El concepto de responsabilidad social de la empresa … alude a la relación de las empresas con las preocupaciones sociales y medioambientales a través de sus actividades comerciales.

En el caso de la empresa (...) esta vinculación es clara por las actividades que realiza. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá del cumplimiento invirtiendo en el entorno local y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en que se inserta, sobre todo de las comunidades locales.

Conforme al artículo 59° de la Constitución, el Estado estimula la creación de la riqueza y la libertad de empresa, comercio e industria.

Estas se ejercen en una economía social de mercado según lo dispone el artículo 58° de la Constitución. Al respecto, este Colegiado considera que la responsabilidad social de la empresa es plenamente compatible con las disposiciones constitucionales citadas”

Por tanto, los gastos sociales tienen un doble objetivo: humanitario y económico, a diferencia de la donación, que es un acto de liberalidad sin retorno.

Los gastos realizados en las actuales circunstancias que vive el Perú, son sin duda, humanitarios. Además, estos desastres van a influir seriamente en la economía nacional. No invertir en la reconstrucción de las zonas afectadas en Piura y Trujillo, por ejemplo, impedirá la producción de alimentos o insumos para las empresas, sin mencionar el retraso en el transporte de mercancías, alimentos y combustibles. Muchas empresas en Lima tienen sus fábricas y almacenes en Ate y Huaycoloro, lugares donde residen muchos de sus trabajadores. No apoyarlos, irá en detrimento de su producción. Por tanto, las empresas gastarán no solo por deber moral, sino para mantener sus ingresos y su fuente productora de riqueza.

Cumplidos los fines humanitarios y económicos, las entregas y aportes a los damnificados no deben ser considerados como donación, sino gasto social, lo que implica deducirlos, sin tope. Si el Estado considera que ello, propiciará el uso indebido de esta deducción, deberá definir en la Ley del Impuesto a la Renta, el concepto de gasto social, la forma de acreditarlo y su máximo deducible (de ser el caso), estableciendo que, en casos de estados de emergencia por desastres naturales los gastos destinados a los damnificados, debidamente acreditados e identificados, son deducibles de la renta bruta, sin límite.

LC.

 

 

Lourdes Calderón
Abogada Tributarista